A finales de los noventa la Alcaldía de Valencia, encabezada por el recordado burgomaestre Paco Cabrera, se iniciaron las obras de construcción del Metro de Valencia, obra destinada a aliviar el gran problema del tráfico en la novia del Cabriales, como es conocida la capital del estado Carabobo. En sus comienzos contaba con una participación mayoritaria de la Alcaldía de Valencia y un pequeño porcentaje lo retenía el gobierno central a través del Ministerio de Infraestructura (Minfra). Un año después de la inauguración de la línea 1, en noviembre del 2006, el Minfra compra la participación que tenía el ayuntamiento valenciano.
Muchos declaran que entre motivos detrás de la ampliación accionaria llevada a cabo por el gobierno nacional subyacen razones de índole financiero, debido a que el financiamiento de la misma estaba a cargo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través de su programa de asistencia a desarrollo de infraestructura. Otros arguyen que las motivaciones reales eran de índole electoral, puesto que en diciembre del 2006, un mes después de la apresurada e improvisada inauguración del primer tramo que comunica Plaza de Toros con la Avenida Cedeño, estaban pautadas las elecciones presidenciales del 2006, con el agravante de que la administración Chávez celebraba con bombos y platillos una obra que no pertenecía a su propia gestión de gobierno.
Es importante resaltar que el tema del transporte público en Venezuela es muy sensitivo, independientemente del gran número de vehículos circulando en reciente data como producto de un “boom” de la política económica expansiva de los años 2006-2008. En general el venezolano común se traslada en transporte público, generando de esta manera una audiencia para el comportamiento irregular por parte de los operadores de las unidades de transporte, a la vez de facilitar un mercado cautivo para la siempre ávida hampa que hace de las suyas a expensas de los usuarios.
Anécdotas relacionadas con los delitos ocurridos en las unidades de transporte colectivo conocidos como “camioneticas”, incluye el robo sistemático de celulares, obligando a los pasajeros a portar con ellos la versión más económica y menos atractiva para los antisociales, quienes a su vez se convierten en proveedores clave para una extensa red de puntos improvisados e ilegales de comunicaciones que venden a menor precio minutos de llamadas a cada uno de las operadoras de celulares, convirtiéndose esta modalidad sumamente popular y por demás económica para un gran número de venezolanos.
De igual forma en los tramos suburbanos se pusieron de moda los secuestros de unidades, con el fin de despojar a los pasajeros de cualquier posesión de valor. Los delincuentes usualmente abordan la unidad como otro usuario más, para minutos luego de la partida del terminal de autobuses someter al conductor obligándolo a desviarse de su ruta, mayormente a un destino solitario, donde desembarcan a los pasajeros y comienza la tortura psicológica, pues son amenazados a ser dejados solos en medio de la nada, y donde en el peor de los casos se reportan abusos sexuales.
El comportamiento irregular se suscribe a maltrato verbal de los pasajeros, cobro indiscriminado del pasaje a personas de la tercera edad y la negativa de recoger de las paradas de autobuses a los estudiantes, quienes utilizan como forma de pago tickets subvencionado por entes públicos. Lo bizarrro no termina ahí, sino que los conductores son los primeros en desenfundar armas de fuegos en malentendidos de tránsito con particulares sin ninguna objeción de los agentes de la seguridad pública.
En años recientes muchas de las unidades de transporte colectivo eran utilizadas, en especial aquellas cuyos dueños tenían estrechos lazos con el oficialismo, como parte de la logística en la movilización de las hordas armadas chavistas, quienes aparecían en cualquier manifestación en contra del gobierno, como parte de su estrategia para infundir miedo. Este grupo de irregulares se lanzaban con furia en contra del colectivo de individuos quienes protestaban en forma pacífica, en algunos casos cuando la tensión subía producto del quemado de cauchos por parte de los manifestantes, las hordas armadas arremetían con aún más violencia.
El mal estado de las unidades, incluyendo asientos desprendidos y ángulos metálicos oxidados; vejaciones verbal recibidas por los conductores o recolectores del pasaje, con el respectivo “bájate de la unidad si no te gusta”; música a niveles de estridencia; y el usual acoso verbal de connotaciones sexuales a los usuarios del sexo femenino, hacen que conmutar diariamente se vuelva cada vez menos placentero. Esto sin mencionar las frecuentes paradas de los autobuses en el medio de la vía, sin importarle el derecho ajeno a desplazarle libremente por vía, concluyendo con sus evacuaciones de gases de combustión que no son reguladas ni mucho menos penalizadas por ninguna instancia del gobierno.
Estamos en presencia de un nuevo grupo de privilegiados dentro de esta nuestra disfuncional sociedad venezolana, los “busesburgueses”, no tanto por la dimensión de sus fortunas, pero si por su poder de someter a un país entero en caso de irse a un paro nacional generalizado. El mayor reverso que veo de esta hipotética posibilidad bajo el actual contexto ideológico bolivariano, sería la expropiación inmediata de las unidades existentes y la formación de una compañía adscrita al gobierno municipal, no suena muy lejos ni remoto, tomando en consideración el poco aprecio que siente este gobierno a la iniciativa privada.
