Después de cinco años y medio de ser un espectador de primera fila de este infortunio llamado Venezuela, lo único que se me viene a la mente son todas las historias que me contaba mi papá acerca de la última vez que nuestro país peleaba contra la tiranía y la opresión del militarismo. Son sus aberraciones y sus excesos al servicio de las políticas públicas, que hacen aflorar en el ciudadano común la necesidad de mantener una posición crítica ante la negativa del gobierno en buscar soluciones consensuales o negociadas.
Es a través de la manipulación, intimidación y finalmente la coerción, que el actual régimen se comunica con sus conciudadanos; paralizando así los avances logrados por Venezuela en temas de gobernabilidad por casi medio siglo. Entre los argumentos que la actual administración utilizaba hace 13 años atrás como parte de campaña electoral estaban relacionados con el estado de corrupción reinante en el país, como resultado de un sistema bipartidista y complaciente donde la impunidad reinaba.
La manipulación expresada en términos de incitación al odio, utilizando el bien conocido discurso de la lucha de clases del materialismo dialéctico para polarizar la sociedad y de esta manera monopolizar en el descontento de la población producto de años de carencia de políticas sociales. Ahora lo lamentable es que los 44 millardos de dólares transferido a los fondos de desarrollos del gobierno en los últimos siete años se desvanecieron entre las manos de los venezolanos convertidos en activos depreciados y sin mayores mejoras en el nivel de vida del venezolano.
Intimidación, palabra sediciosa que encarna la maldad entre humanos, imperfección de la calidad humana que termina siendo el recurso persecutorio de los que oponen al régimen. En los sistemas como el venezolano, este antivalor toma forma material cuando se transforma en recurso legal de carácter preventivo contra la expresión de ideas y palabras que vayan en contra del discurso oficial. Es el origen de la autocensura o censura previa de muchos comunicadores que ceden ante la presión tácita de tener que defender una tesis, en base a fuentes e informaciones no explícita. El único actor que se reserva el derecho de interpretar acciones y hechos es el estado.
Finalmente tenemos la coerción, herramienta inquisidora del sistema usada en contra de los “traidores a la patria”. Recurso que los afectos al gobierno confunden con la administración de justicia, poniendo tras las rejas a presos políticos e inhabilitando a políticos sin proceso judicial que justifique la acción. Casos como el de Rafael Fernández Berruecos “boliburgués” excepcional, quien se encuentra detenido en la sede de la policía política casi dos años después de su detención, sin haber sido enjuiciado o si sólo es una cortina de humo con fines propagandístico. Al parecer la justicia tiene muchos matices discrecionales, con lo cual no la diferencia con la pasadas administraciones.
Ahora, los argumentos que utilizó el oficialismo para llegar al poder parecen peder fuerza con el paso del tiempo, con una burocracia en constante crecimiento y un sistema de justicia incapaz de defender al más débil. Una clase política y económica los “boliburgueses”, quienes disfrutan de grandes privilegios que el venezolano común reciente de la misma manera que lo hicieron con las administraciones pasadas.
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