El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al caso de líder de Voluntad Popular Leopoldo López; fue calificado por la Contraloría General de la República con los calificativos de “injusta e ilegal”, además de considerar la decisión “contraria a los derechos humanos” y que “promueve la impunidad y entorpece la lucha contra la corrupción”.
Ahora bien, Es un poco desafortunado no saber quién se pronunció en nombre de la Contraloría, no me sorprendería que la redacción de la susodicha carta se haya realizado en el Palacio de Miraflores, donde se toman todas las decisiones de los poderes públicos en Venezuela, sin importar el concepto de separación de los mismos.
Con el desconocimiento del fallo de la CIDH por parte del Tribunal Supremo de Justicia sería una flagrante violación al poco estado de derecho que le queda a la república. En nuestro país la administración de justicia ha quedado relegado al espíritu revanchista de un gobierno que cada día cuenta con menor apoyo popular.
En los ojos de miles de madres y familiares de víctimas del hampa desbordada, el calificativo ilegal debería estar estampado a la incapacidad del sistema de justicia de mantener entre rejas a quienes azotan y matan a nuestros compatriotas sistemáticamente, a suerte de régimen genocida, sin respuesta oportuna de los ente del estado.
De mismo modo, es “injusto” vivir en un nación donde la palabra dictatorial de una sola persona tiene connotaciones absolutas, desconociendo los valores democráticos bajo los cuales fue esta fundada. Con funcionarios públicos carentes de consciencia, quienes por mantener sus cuotas de poder atropellan las instituciones creadas por los propios ciudadanos.
La violación de los derechos humanos comienza con la polarización de una nación con fines “electoreros”, y que son aprovechados por un grupo de parásitos que se enriquecen a costa de destruir lo que fue construido por generaciones de venezolanos trabajadores.
¿Por qué la justicia no persiguen a quien se enriquece ilícitamente en nuestro país? ¿Por qué los procedimientos en la administración de justicia se encuentra en la mayor oscuridad lejos del ojo contralor de la opinión pública? Entonces pregunto ¿Quién realmente promueve la impunidad en nuestro país?
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